El sistema de ayudas sociolaborales usado por el Gobierno central se cuela en el juicio de los ERE

La octava sesión del juicio de los ERE, más allá del cabreo del secretario del tribunal por tener que leer preguntas y declaraciones de hace seis años para que conste como prueba, ha traído como principal novedad una cuestión que vienen planteando varias defensas en otras piezas separadas y que el exdirector general de Trabajo ya puso sobre la mesa el 21 de octubre de 2015 cuando declaró de forma voluntaria ante la jueza María Núñez Bolaños, la instructora que sustituyó a Mercedes Alaya. Y es que, según Guerrero, el sistema que usó la Junta de Andalucía para la concesión de ayudas era “exactamente el mismo” que el que viene usando el Ministerio de Empleo desde 1995.

Era el as en la manga que se guardaba por entonces el principal acusado de la causa, adelantado por este periódico antes aquella declaración, y que este martes han podido ver los 22 exaltos cargos acusados al visionarse íntegra en la sala. La sesión del martes acababa sin que Guerrero ni la ratificara ni dejara de ratificarla pero, según fuentes cercanas al caso, será la primera declaración durante la instrucción de la que no se retractará. Este miércoles se terminará de visionar el vídeo y las acusaciones previsiblemente expondrán sus preguntas, sin respuesta como ya se ha advertido por parte del acusado, quien sólo se mostró dispuesto a contestar a su abogado, Fernando de Pablo.

El contenido de aquella declaración trascendió entonces a la salida de los juzgados y este martes se ha conocido el detalle. Guerrero, en un radical cambio de estrategia, puesto que en varias ocasiones se había acogido a su derecho a no declarar ante Alaya después de que tras su última declaración judicial en marzo de 2013 ingresara por segunda vez en prisión preventiva, dijo que quería dejar “de una vez claro cómo era el sistema” que, según la jueza, la Junta había ideado para saltarse los controles y repatir fondos públicos a su libre albedrío. Para el autodenominado “gestor de las ayudas sociolaborales con tres gobiernos”, el sistema era “exactamente el mismo” que marcaba “la Orden de 5 de abril de 1995” usada por el Ministerio de Trabajo. Son “las mismas ayudas”, “la misma legislación que hay a nivel estatal” porque además, según explicó, en algunas ocasiones las ayudas se cofinanciaban entre ambas administraciones, como era el caso de la Faja Pirítica de Huelva o las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina de Jaén.

“Un sistema totalmente garantista”, con “controles”. “No ha habido ninguna trama”, “el mandato del gobierno era ayudar, exactamente igual que hacía el Ministerio”, remarcó en aquella declaración de octubre de 2015. “Mis expedientes estaban impolutos”, dijo Guerrero, negando la existencia de mediadores propios. “Yo no soy consciente de haber dado ayudas a gente que no lo necesitaba ni reuniera las condiciones”, añadió, señalando sobre los posibles ‘intrusos’ en los ERE que, en todo caso, “seis personas de 6.300 beneficiarios no es una muestra representativa para decir que se estaba beneficiando a gente que no lo merecía” ante “problemas serios de reestructuración de empresas”.

“Yo siempre creí que actuaba en la legalidad”, remarcó. “He vivido de mi sueldo y creo que lo he hecho con honestidad”, si bien reconoció que “ha habido actuaciones que, con el tiempo, no me han gustado los derroteros que siguieron como ayudas públicas”. “Me ceñí siempre el mandato y al procedimiento”, que cambió dos años después de acceder al cargo con un convenio marco entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

El ‘visto bueno’ de Hacienda y Empleo

Una de las cuestiones que ya se desveló en aquella declaración de octubre de 2015 es que, diez años antes, Guerrero asistío a una reunión con los viceconsejeros de Hacienda y Empleo de entonces (Carmen Martínez Aguayo y Agustín Barberá), el director de presupuestos (Antonio Lozano) y el interventor general (Manuel Gómez). En aquel encuentro se dijo que “se siguiera con el mismo sistema de ayudas”, segun dijo Guerrero. Su actuación en concreto, la de la Consejería de Empleo y el controvertido sistema de transferencias de finaciación por el que se concedían las ayudas fueron avalados en aquella reunión, sobre todo, por Martínez Aguayo, según la declaración del exdirector de Trabajo.

“Se podía haber regulado de otra manera, pero las ayudas eran discrecionales”, añadiendo que “cada negociación para cada ayuda era distinta”, ha dicho Guerrero, según estas fuentes. El argumento no es del todo nuevo. Ya el expresidente Manuel Chaves dijo en la comisión de investigación parlamentaria, en septiembre de 2012, que el procedimiento era “legal” a pesar de que tenía “cierto margen de discrecionalidad”.

El presunto mal uso de las transferencias de financiación para conceder las ayudas, una de las cuestiones centrales del caso, ha sido expuesto por las acusaciones y el juzgado en multitud de ocasiones, pero la normativa laboral sobre este tipo de ayudas ha pasado más desapercibida en esta pieza política hasta que dos acusados plantearon al inicio del juicio que Junta y Estado están sujetos a “la misma legalidad” en su concesión. De hecho, la Audiencia ha permitido que testifique en el juicio la que fuera durante 13 años directora general de Trabajo del Ministerio, Soledad Córdova, como pidió el abogado de José Antonio Viera, y mano derecha del expresidente Griñán durante los años en que se gestó la normativa española en materia laboral. El Ministerio las daba con base a la citada Orden, y así lo comunicó al juzgado en la pieza de la Faja Pirítica.

Al propio expresidente Griñán, la Audiencia de Sevilla que ahora le juzga (aunque en diferente sección) le echó de alguna manera en cara que, como ministro de Trabajo que fue (y “como inspector técnico de Trabajo desde 1970 por oposición”), no percibiera que “esas ayudas debían ser encauzadas a través de la legislación de subvenciones”, entendiendo que “parece que era consciente del uso ‘contra legem’ de las transferencias de financiación para prestar ayudas a empresas en crisis”.

Antes de que saliera a la luz la declaración de Guerreo ante Bolaños, el exdirector general reiteró su negativa a ratificar su primera declaración ante Alaya, la que llevó por primera vez a prisión. Durante la misma, Guerrero fue preguntado por los expedientes relativos a las ayudas sociolaborales a las empresas Santana, Acyco, Río Grande, Surcolor, Aglomerados Morell o a las empresas de su exchófer, Juan Francisco Trujillo. Además, reconoció que el expresidente Manuel Chaves, la exconsejera de la Presidencia Mar Moreno y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera “sabían y tenían que saber como se trabajaba allí”, en referencia a la Dirección General de Trabajo.

“Sólo me gusta el Malboro y el Beefeater con tónica”

Entonces, informa Europa Press, la magistrada le pidió que pusiera “nombres y apellidos” a las personas que, según dijo Guerrero un día antes, “están intentando salvar su honorabilidad atacándole a él”, y Guerrero citó a Chaves, “que dice que no me conoce de nada”, a Moreno, que “me pone a caer de un burro cada vez que puede”, y a Viera, que “va diciendo por ahí que soy un indeseable”.

Además, indicó que desde que saltó la investigación de los ERE nadie de la Junta se puso en contacto con él ni recibió presiones, salvo las manifestaciones de algunos dirigentes socialistas, como el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien lo llamó “cocainómano, putero y alcohólico”, manifestaciones que, según Guerrero, “lo humillaron y denigraron”.

Ante la pregunta de la juez Alaya sobre las ayudas a las empresas de Trujillo, Guerrero explicó que “nunca” se metió en el accionariado de las sociedades a las que ayudaba y que no sabía que su exchófer era socio de algunas de las empresas de la Sierra Norte que recibieron ayudas.

Sobre su relación con Trujillo, Guerrero declaró ante Alaya que “lo trataba mejor que a un hijo”, antes de negar que fuera un cocainómano, pues “un cocainómano no tendría la capacidad mental del declarante”, dijo. “No sabe donde se compra. Sólo me gusta el Malboro y el Beefeater con tónica en el postre”, manifestó el ex director general, quien apuntó a una “revancha personal” de Trujillo o a que “alguien pudiera estar interesado en echar más mierda sobre él” como motivos para que el exchófer dijera que destinó una de las ayudas recibidas a comprar cocaína “para su jefe y para él”, mientras que también dedicó parte del dinero a “ir de fiestas y copas”. En este sentido, Guerrero afirmó que no era alcohólico, sólo tomaba un ‘gin tonic’ al día.

Las quejas del secretario

La lectura del acta de la declaración de Guerrero ante Alaya ha provocado que el secretario del tribunal, Rafael Castro, encargado de dar lectura al mismo, mostrara su rechazo a continuar con las preguntas que el ex director general no respondió acogiéndose en su día a su derecho a no declarar.

“No soy una máquina. Tengo derecho a parar y beber agua”, ha manifestado Castro, que incluso ha indicado que la lectura de estas preguntas no tienen nada que ver con la declaración de Guerrero, pues “no está dando fe de nada”. El secretario del tribunal ha solicitado la presencia de una auxiliar para que continuará con la lectura, pues el tribunal ha señalado que la lectura del acta completa es lo acordado.

Via:: http://www.eldiario.es/andalucia/sistema-ayudas-Gobierno-central-ERE_0_739826717.html

      

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